El patrimonio no se conserva: se vive

A lo largo de la historia, la construcción y el fortalecimiento del valor patrimonial, ya sea material o inmaterial, han sido procesos complejos. Mucho más cuando se trata de territorios olvidados del país. En Colombia persiste una mirada centralista según la cual el patrimonio parece adquirir mayor valor cuando es tangible y, sobre todo, cuando se encuentra en Bogotá. Colombia tiene una diversidad impresionante de patrimonios: iglesias coloniales, centros históricos, caminos reales, estaciones ferroviarias, sitios arqueológicos, paisajes culturales, fiestas, músicas, cocinas tradicionales, conocimientos ancestrales y una extraordinaria diversidad de expresiones culturales. Tenemos patrimonio material e inmaterial de sobra. Sin embargo, carecemos como nación de una política capaz de entender que el patrimonio puede y debe convertirse en un motor para impulsar las transformaciones territoriales. Se olvida una premisa fundamental: detrás de buena parte de ese patrimonio existen comunidades que le dan significado, lo mantienen vivo y lo transmiten de generación en generación. El patrimonio no vive únicamente en las piedras. Vive en la memoria. Está presente en la historia de las comunidades que descubrieron y preservaron las primeras manifestaciones de arte rupestre; en el conocimiento de una cocinera tradicional; en las virtuosas manos de un artesano; en la música que una comunidad transmite de generación en generación; en la fiesta patronal de un pequeño municipio; en los relatos de los abuelos; en las técnicas agrícolas; en los caminos que durante siglos conectaron a las comunidades rurales, o en las formas de construir que se adaptaron al clima y al territorio. Las consecuencias de la desaparición o invisibilización de esas prácticas van mucho más allá de la pérdida de una tradición. Cuando desaparece una práctica cultural, también desaparece una parte del conocimiento ancestral e histórico de un territorio. En ese orden de ideas, la política cultural colombiana debe construirse sobre dos premisas fundamentales. Por una parte, el involucramiento efectivo de las comunidades en todo el proceso de identificación, protección, conservación y aprovechamiento social del patrimonio. Por otra, el diseño de mecanismos que les permitan encontrar, desde la cultura y manteniendo vivo el patrimonio, alternativas para enfrentar la pobreza, la migración y la falta de oportunidades. De la mano de las declaraciones de patrimonio cultural, sus protagonistas —que, en esencia, son las comunidades— deben contar con mecanismos que contribuyan a construir condiciones de vida digna. La discusión, entonces, va mucho más allá de decidir qué debemos conservar y qué no. Debe centrarse en una pregunta fundamental: ¿a quién beneficia una declaración de patrimonio? La respuesta debería ser sencilla: debe beneficiar a los colectivos, territorios y comunidades marginadas que históricamente han apropiado, protegido y transmitido ese conocimiento.

Patrimonio y desarrollo, como conceptos complementarios

Un antiguo camino puede convertirse en una ruta de turismo cultural. Una tradición gastronómica puede generar ingresos para productores locales. El conocimiento de los artesanos puede transformarse en una industria cultural sostenible. Un sitio arqueológico puede convertirse en un espacio de investigación, educación y turismo comunitario. Una fiesta tradicional puede dinamizar la economía local sin convertirse necesariamente en un espectáculo vacío. Pero para que eso ocurra existe una condición indispensable: las comunidades deben dejar de ser espectadoras de las políticas patrimoniales y convertirse en sus protagonistas. Esto resulta particularmente importante en regiones como el Caribe y el sur del país, donde existe un patrimonio enorme que todavía no ha sido suficientemente incorporado a las estrategias de desarrollo territorial. El patrimonio arqueológico del Tolima es un buen ejemplo. El arte rupestre, los caminos históricos, las tradiciones asociadas al maíz, las memorias de los pueblos y los paisajes culturales constituyen mucho más que vestigios del pasado. Pueden convertirse en instrumentos para fortalecer la identidad local, promover la investigación, generar turismo cultural comunitario y crear oportunidades para jóvenes que hoy encuentran pocas razones para permanecer en sus territorios. No obstante, para alcanzar esos objetivos se requiere investigación, educación, infraestructura, formación y emprendimiento. Todo ello debe estar sustentado en la participación comunitaria y contar con el apoyo decidido del Estado. Esto implica descentralizar la gestión del patrimonio. Bogotá no puede seguir siendo el lugar desde donde se decide buena parte de lo que Colombia debe recordar y cómo debe recordarlo. Los municipios, departamentos, universidades, organizaciones culturales y comunidades poseen un conocimiento del territorio que ninguna oficina central puede sustituir. Asimismo, se requiere superar la absurda y anacrónica idea de que invertir en cultura significa gastar dinero en asuntos secundarios. La cultura produce identidad, pero también puede producir empleo, turismo, innovación, cohesión social y desarrollo local. La pregunta, entonces, no debería ser cuánto cuesta conservar nuestro patrimonio. La pregunta debería ser cuánto nos cuesta perderlo. Cuando desaparece una tradición, se destruye un sitio arqueológico, muere un oficio o una comunidad deja de transmitir sus conocimientos. El país pierde una parte de sí mismo que probablemente nunca podrá recuperar. Una premisa básica de cualquier política pública sobre patrimonio debería ser concebirlo como una herencia y no como una carga de nuestros antepasados. Por ello, es una responsabilidad que recibimos y que debemos entregar a quienes todavía no han nacido. Además, jamás debe perderse de vista que no todo patrimonio cabe en un museo. Algunas de las cosas que más necesitamos conservar todavía están caminando por nuestras calles, trabajando en nuestros campos, cantando en nuestras fiestas y viviendo en la memoria de nuestras comunidades.